Por este motivo, Campuzano interpeló en la sesión de control al Ejecutivo de la Cámara Baja a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, sobre el desarrollo de la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

En su intervención, el diputado catalán pidió "transparencia" informativa al Gobierno sobre el desarrollo de la ley y sostuvo que el texto tiene "cinco pecados originales".

El primero de estos pecados es, según Campuzano, haber desplegado la norma "obviando" que en cada comunidad existían ya servicios sociales en funcionamiento.

A este respecto, la ministra de Política Social afirmó que "es verdad que los servicios sociales existen desde hace mucho tiempo", pero añadió que "no conviene confundirlos con la dependencia", pues este concepto introduce un elemento nuevo en el que algunas CCAA tenían experiencias previas y otras no tanto.

El segundo de los "pecados originales" de la ley de autonomía personal, continuó el diputado de Convergencia, consiste en pretender resolver con "uniformidad" un problema que es diferente en cada comunidad autónoma, entre otros aspectos, porque en cada región el coste de la vida es distinto.

En este punto, Cabrera respondió que la ley no introduce uniformidad, ya que es "respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas".

El tercero de los calificados por Campuzano como "pecadosoriginales de la ley de dependencia "es la no asunción con todas sus consecuencias para la Administración General del Estado de lo que implica el desarrollo financiero de la norma".

En este sentido, la ministra señaló que en los "presupuestos austeros" previstos para el año que viene por el Gobierno, la ley de dependencia cuenta con 1.158 millones de euros, más de lo previsto en un primer momento.

Como cuarto pecado, Campuzano citó que la ley obvió en su creación la cuestión sociosanitaria de la atención a la dependencia.

A juicio de Cabrera, la de la dependencia es "una ley de Estado" y por ello "necesita el máximo de coordinación" entre todas las administraciones.

Por último, CiU calificó de "superficial" la expresión de "promoción de la autonomía personal" que aparece en el título de la norma, ya que, en su opinión, en su puesta en práctica no está aplicándose demasiado. Sólo 25 personas, apuntó, tienen reconocida la ayuda de un asistente personal.

En su respuesta a Campuzano, la titular de Política Social reiteró que el Gobierno está dispuesto a analizar cuando sea necesario el funcionamiento de la ley y añadió que para su óptima puesta en marcha es imprescindible la colaboración de todas las administraciones.

En cualquier caso, concluyó Cabrera, la ley de autonomía personal es "muy joven" y por ello tendrá que seguir rodando y examinándose. Los desarrollos sobre el copago y la calidad de los centros que atiendan a personas dependientes, afirmó, estarán listos "en un futuro muy próximo".