La mayoría de los entrevistados considera que los Tribunales de Justicia funcional mal (39.8%) o muy mal (12.3%). Sólo el 0.2% opina que funcionan muy bien; el2.5%, bien y el 26.7%, regular. En comparación con hace dos o tres años, el 55.7% opina que funcionan igual; el 21.3%, peor, y el 9.0%, mejor.

Estos procentajes varían cuando se pregunta sobre el futuro. El 3.2% cree que dentro de dos o tres años los Tribunales de Justicia funcionaran bastante mejor; el 28.2, un poco mejor; el 35.3, igual; el 6.2% cree que un poco peor y el 1.6%, bastante peor.

El 36.7% opina que los Tribunales de Justicia cuentan con los medios necesarios, mientras que el 41.4% onsidera que les faltan medios. De estos, el 66.8% cree que les faltan más jueces; el 68.5%, mejores instalaciones, y el 75.4%, más personal auxiliar.

LA POLITICA DEL GOBIERNO

En cuanto a la valoración de los entrevistados sobre la política que el Gobierno está siguiendo en relación con la Administración de Justicia, son más los que la consideran mala (20.6%) o muy mala (3.5%) que los que la consideran buena (14.6%) o muy buena (0.6%). El 38.2%, la califica de regular.

Para la mayoría, el juez nspira poca confianza (39.6%)o ninguna confianza (16.0%), mientras que inspira mucha confianza al 1.8%, bastante confianza (22.4%) y regular (11.4%)

El grado de independencia de los jueces españoles es muy alto para el 6.1%; bastante alto (27.6%); bastante bajo (32%) y muy bajo (11.4%).

Para el 30.5% ha empeorado su opinión sobre los jueces en los últimos dos o tres años, mientras que ha mejorado para el 6.2%. El 55.7% opina que sigue más o menos igual.

La inmensa mayoría está de acuerdo (436%) o muy de acuerdo (36.5%) en que las decisiones de los tribunales son tan lentas que vale más evitar meterse en pleitos legales. En porcentajes similares 42.5% y 34.7% están de acuerdo o muy de acuerdo en que los pleitos legales acaban siendo tan caros que, en general, acaba por no compensar acudir a los tribunales.

Las opiniones están muy divididas sobre la forma de actuar de los jueces. El 6.1 está muy de acuerdo con que "en los pleitos, los jueces suelen actuar con honradez, sin dejarse influir or ningún tipo de presión"; el 24.8 está de acuerdo; el 30.2, en desacuerdo y el 9% muy en desacuerdo, mientras que el 13.6, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

La mayoría opina que "el resultado de un pleito legal depende, en buena medida, del juez que te toque en cada caso". Está muy de acuerdo con esa afirmación el 21.9%; de acuerdo (47.1%), en desacuerdo (8.4%) y muy en desacuerdo (2.0%). El 6.2%, ni en acuerdo ni en desacuerdo.

Para el 75.6% de los entrevistados no se castiga suficientemente en spaña a los que cometen delitos, mientras que el 15.9 considera que sí. El resto del porcentaje no sabe o no contesta.

Entre quienes consideran que no se castiga suficientemente a los delincuentes, opinan que los responsables (mucho o bastante) son las leyes penales existentes (83.2%), los jueces (76.8), el Gobierno (68.1%), los fiscales (66.1%), los abogados (56.8) o la policía (18.9%).

LA AUDIENCIA NACIONAL

El 54.7% ha oído hablar de la polémica en la Audiencia Nacional. De estos, el 70.2% esá muy de acuerdo o bastante de acuerdo en que los problemas de la Audiencia se han producido porque hay una serie de jueces y fiscales que anteponen sus propios intereses al de hacer justicia. El 72.1% está de acuerdo o muy de acuerdo en que los problemas de la Audiencia se han producido porque hay personas y grupos que tienen interés en que no funcione.

El 90.6% está de muy acuerdo o bastante de acuerdo en que los problema de la Audiencia Nacional están provocando que los ciudadanos tengan cada vez mnos confianza en la justicia, y el 65% está muy de acuerdo o bastante de acuerdo en que mientras asuntos tan importantes como el terrorismo, el narcotráfico o los delitos económicos sigan concentrándose todos ellos en la Audiencia Nacional, es lógico que se produzcan problemas como los que están ocurriendo.

El barómetro de diciembre se efectuó del 17 al 22 de ese mes, con 2.489 entrevistas realizadas en 149 municipios de 47 provincias, entre españoles de ambos sexos de 18 años y más.