Además, el cobro de la prestación debería condicionarse, a su juicio, "la realización de prestacines sociales y a la asistencia a cursos de formación".

El decálogo incluye también el abaratamiento del despido "a niveles iguales o inferiores a la media de la CE" y la supresión del permiso administrativo para la aprobación de expedientes de regulación de empleo, a fin de facilitar los ajustes de plantillas.

También reclama la reducción de las cotizaciones sociales y su exención en el caso de los contratos para jóvenes menores de 26 años. Para este colectivo, cree, además, que no deben existir alarios mínimos de convenio.

A su juicio, los contratos temporales de fomento del empleo deberían volver a tener una duración mínima de seis meses, en lugar de un año, y habría que restaurar también las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para los contratos en prácticas y para la formación, que fueron eliminadas en abril del año pasado.

En el capítulo de la negociación de retribuciones, el Círculo aboga por el fomento de los acuerdos individuales por empresas y la supresión de lascláusulas de revisión salarial.

El decálogo propugna, asimismo, el fomento de la movilidad funcional y geográfica. Esta última puede estimularse, según la organización empresarial, con "la liberalización de alquileres, tal como estaba contemplada en el decreto Boyer".

La reforma se completa con la propuesta de transferir la formación profesional a las empresas y permitir que éstas desgraven los gastos que dediquen a este capítulo.

NO ES ULTRALIBERAL

Tras presentar el decálogo en rueda de pensa, el presidente del Círculo de Empresarios, Carlos Espinosa de los Monteros, afirmó que es "ambicioso", pero que, en su opinión, se está creando una corriente de opinión cada vez más favorable a estas medidas, a las que sólo permancen ajenas las "cúpulas sindicales".

Según el Círculo, su reforma no es "ultraliberal" y no tiene nada que ver con el modelo norteamericano, ya que su aplicación en España conduciría a equiparar el mercado laboral al de la media comunitaria.

Lo que hay que tener preente, en su opinión, es que el paro ronda en España el 25 por ciento de la población activa, cota sin parangón entre los demás socios comunitarios y que, si no se actúa rápido, el cierre de empresas continuará.

Espinosa dijo que el pacto social puede ser positivo, pero no a cualquier precio, por lo que instó al Gobierno a aplicar las reformas estructurales con urgencia, en el caso de que el acuerdo fracase.

Añadió que la contrapartida reclamada a los empresarios en el pacto de rentas, la moderacin de los beneficios distribuidos, puede ser difícil de cumplir para algunas empresas, entre las que citó a las eléctricas, que necesitan retribuir a sus accionistas si quieren financiar sus voluminosas inversiones.

Sobre el déficit público, indicó que "hace falta tomarse las cosas muy en serio" incluso para lograr el nuevo objetivo de situarlo en el 3 por ciento del PIB a finales del 96, menos ambicioso que el 1 por cien marcado por Carlos Solchaga.