Así lo asguraron hoy en rueda de prensa el presidente del Círculo, Manuel Azpilicueta, y el presidente del Comité de Política Económica de esta organización, Pedro de Torres, durante la presentación de un documento sobre "La liberalización del suelo: Una asignatura pendiente".

De Torres denunció que la política del suelo actual, dominada por una restricción de la oferta de suelo para edificar y la burocracia municipal, es "rígida, restrictiva, lenta y anticuada", y está provocando que los precios de la viviend aumenten de manera excesiva.

A juicio del Círculo, es necesario que todo el suelo sea urbanizable, salvo aquel que estrictamente se señale como no urbanizable por motivos de peso, fijando unos criterios claros y universales en relación con asuntos como alturas de las contrucciones, densidades, etcétera.

Según los responsables del Círculo, a la vez que se modifica la normativa sobre el suelo, es necesario un cambio en la financiación de los ayuntamientos, que obtienen importantes recursos del sueo. Indicaron que en el caso de Madrid, la financiación del ayuntamiento procedente del suelo puede llegar a ser del 40%, y apuntaron que cualquier otro impuesto sería mejor para que las entidades locales obtengan recursos.

Según De Torres, el coste de la repercusión del suelo en la vivienda ha aumentado mucho y, por término medio, ha llegado a suponer el 60% del precio total de la vivienda en lugares donde hay escasez de suelo, y eso es "una barbaridad". Azpilicueta apuntó que esta repercusión del cose del suelo sobre el precio total de la vivienda no debería representar más del 20%-25%.

De Torres explicó que si se suma el precio del coste del suelo rural más lo que cuesta urbanizarlo, el precio final es muchísimo más bajo que la repercusión que el coste del suelo está teniendo en el precio de la vivienda, de manera que es como si el ciudadano pagara un impuesto que no tiene justificación y que va no se sabe dónde y a quién, dijo.

Añadió que el problema que crea el alto precio de la vivienda leva a que el Estado tenga que hacer un gasto público considerable en ayudas para acceder a la vivienda. Según los cálculos del Círculo, este gasto supone alrededor de un 1% del PIB entre planes de vivienda de protección oficial, desgravaciones por vivienda, ayudas y promociones municipales.

De Torres aseguró que la liberalización del suelo provocaría un descenso del precio de la vivienda, y denunció que la normativa actual sobre suelo "facilita y fomenta la especulación". Azpilicueta fue más allá y djo que "anima, permite, estimula y da lugar a prácticas corruptas".