Así se expresó esta organización presidida por Juan María Nin en un pronunciamiento público sobre las nuevas reglas fiscales, la prórroga de los actuales Presupuestos Generales del Estado y el nuevo Presupuesto para 2025, en el que reclama acuerdos y consensos parlamentarios y un notable ejercicio de responsabilidad.

A este respecto, advirtió de que la situación fiscal de España sigue siendo “muy difícil” en un contexto marcado por el estancamiento de la renta per cápita de España, el envejecimiento de la población y la baja productividad.

Como ejemplo, señaló que la deuda pública se situó en junio de 2023 en el 108,2% del PIB, la cuarta más alta de la UE y lejos del objetivo del 60%.

Por todo ello, sostiene que el desarrollo legislativo de las nuevas reglas fiscales, vigentes desde el 30 de abril, se haría mejor con un pacto de Estado entre los dos principales partidos del país, no sólo porque están concebidas para estar por encima de los ciclos políticos, sino porque, salvo colapso de la legislatura estatal o de alguna autonómica, uno de los dos partidos detenta el gobierno central y el otro la mayoría de gobiernos autonómicos.

Sobre la prórroga presupuestaria, afirmó que es “una mala señal”, ya que “resta capacidad al Gobierno y con ello a la economía española porque puede retrasar los ajustes y reformas necesarias para la puesta en marcha del necesario plan de consolidación que aproxime la deuda pública española a las exigencias europeas”.

Además, lamentó que ha limitado la capacidad de presupuestación por parte de las comunidades autónomas y corporaciones locales y su necesario ejercicio de disciplina fiscal.

Además, denunció que ello se produce en un contexto de anuncios sobre la posible disponibilidad de recursos adicionales, nuevos modelos singulares de financiación autonómica o el debate sobre una hipotética condonación de deuda, lo que “no genera el marco apropiado ni tampoco supone una señal clara para un sano incentivo a la responsabilidad fiscal”.