En consonancia con el objetivo final de reducir este tipo de exportaciones, el CIP pide que el Gobierno ponga en marcha "diferentes medidas con objeto de reducir la sobrecapacidad de producción y la dependencia exportadora de la industria de armamentos, colaborando en la reconversión de este sector y orientándolo hacia la producción de bienes civiles y de utilidad social".

El control se establecería sobre todo tipo de material o servicio destinao a organismos militares extranjeros y sobre cualquier producto susceptible de ser usado para fines militares.

La mencionada comisión elaboraría una lista periódica de los países que, por estar en guerra, cometer violaciones graves de los derechos humanos, estar situados en zonas de elevada tensión, no respetar las reglas de la no-proliferación o los compromisos de no-reexportación, mantener elevados niveles de militarización u otros motivos que se especificaren, no pueden recibir ningún tipo de materal de uso militar.

"Con objeto de mantener actualizada la mencionada lista, la comisión realizará consultas periódicas con organizacciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos", señala la propuesta del CIP.

LISTA DE CONSULTA PUBLICA

Por su parte, el Gobierno presentaría semestralmente a dicha comisión, a través de la Junta Interministerial encargada de regular este comercio (JIMDDU), una lista completa -que sería de consulta pública- de todos los proyectos de exportción presentados y aprobados por la mencionada junta.

Además, el Ejecutivo debería enviar al Parlamento, para su publicación, una estadística semestral sobre las exportaciones realizadas y los contratos firmados, con información sobre las principales empresas exportadoras, países compradores, importe, productos vendidos, etc.

La comisión velaría para que ninguna exportación contribuya a desestabilizar una región o introduzca un tipo de armamento hasta entonces no presente en ella.

Según la popuesta del CIP, el Gobierno facilitaría al Parlamento los medios materiales y los recursos humanos necesarios para que la comisión pueda llevar a término su misión de control, investigación e información.

Los datos facilitados por esta comisión serían enviados al Registro Internacional sobre Comercio de Armamentos que las Naciones Unidas piensan crear. Mientras tanto, la información sería remitida a la Oficina de Investigación y Recogida de Información de la ONU.

El Pleno del Congreso de los Diptados aprobó el 20 de junio de 1991 instar al Gobierno para que promueva la creación de un registro internacional sobre transferencias de armas, tanto en el ámbito de la Comunidad Europea como de la ONU.

También solicitó al Ejecutivo que España adopte "un régimen de infracciones y sanciones en esta materia homologable al de los países del entorno".