Rahola manifestó a Servimedia que el decreto de la Generalitat "es posibilista, no es en absoluto agresivo, sino defensivo, y sólo tiene la voluntad de garantizar mínimamente la conservación del catalán, para dar opciones a los que quieren ver cine en catalán, por lo que es incomprensible la suspensión y una mala noticia para el idioma catalán".

Asimismo, opinó que esta decisión "pone d relieve la falta de autoridad en materia lingüística del propio Gobierno catalán, que a la primera de cambio el tribunal le pone en duda leyes importantes". Confío, en consecuencia, en que "se fortalezca la autoridad de la Generalitat para no encontrarnos permanentemente que aquello que se aprueba en el ámbito político se recurre desde el ámbito judicial".