Así lo anunciaron en un comunicado en el que defendieron que dicha medida “contribuye a paliar” los “posibles” desabastecimientos “puntuales” y de “determinados” productos que la actual situación del mercado “puede generar”.

En este sentido, insistieron en que la modificación establece que estas medidas “deberán estar justificadas” y que deberán adoptarse “de manera proporcional cuando sea necesario” para “impedir” el desabastecimiento y “garantizar el acceso de las personas consumidoras en condiciones equitativas”.

A este respecto, las organizaciones juzgaron necesario “garantizar el acceso” por parte de todos los consumidores a los productos en el mercado “en condiciones equitativas”. “Sobre todo, ante situaciones excepcionales o de fuerza mayor, que puedan dar lugar a cualquier problema de desabastecimiento de determinados productos en el marco del comercio minorista”, abundaron.

Por estas razones, consideraron “adecuada” la modificación del artículo 9 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista introducida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez mediante el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

IRRESPONSABILIDAD, SEGÚN FACUA

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción valoró este miércoles como “una irresponsabilidad” que el Gobierno “dé carta blanca” a los comercios para que puedan limitar el número de productos que los clientes pueden adquirir “a la vez que suben sus precios”. A su entender, estas limitaciones “son las que provocan el acaparamiento de bienes y el desabastecimiento” y “permiten” la “especulación” con el “argumento de la escasez de los productos a la venta” a causa de la falta de materias primas como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Así, subrayó que el apartado 2 del artículo 9 de la citada ley señalaba que los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen. Además, precisó que, en el caso de que, en un establecimiento abierto al público, “no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud".

Por su parte, el Real Decreto Ley que publicó este miércoles el BOE introduce la posibilidad de suspender esta prohibición a través de un nuevo apartado 3 del artículo, según el cual “excepcionalmente, cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen”, los establecimientos comerciales podrán suspender con carácter temporal la prohibición prevista en el apartado 2.

La organización señaló que esta nueva redacción de la normativa “permite” que sean los empresarios los que decidan “cuándo la aplicación de la medida está justificada y es proporcional, dejando en sus manos cuándo y cómo limitan las unidades que ponen a la venta”. “Algo que, unido a la falta de controles en el mercado, puede provocar que muchos lo hagan con el fin de conseguir incrementos de ventas al tiempo que suben los precios”, sentenció.