Según recoge el Boletín Oficial de Defensa del 19 de mayo, los seis funcionarios pierden la condición de militar de carrera con efectos reroactivos desde el 26 de enero de 1994, fecha en la que la sentencia se hizo firme.

Los expulsados son el teniente coronel José Martín Llevot, un brigada, dos cabos y los guardias Lucio de Sosa y Alfredo Serrano. De los nueve funcionarios que fueron juzgados en 1990 por este caso los tres citados recibieron sentencias de privación de libertad, aunque sólo Sosa ingresó en prisión porque ya había sido condenado por torturas a Josu Torre Altonaga en 1987.

Tras la confirmación de la sentencia por pare del Tribunal Supremo, las defensas de los guardias civiles pidieron a la Audiencia de Vizcaya que suspendiera el cumplimiento de las condenas hasta que el Gobierno resolviera sobre los indultos, cosa que hasta el momento no se ha producido.