El abogado de las familias querellantes, Fidel Herrera, explicó que la acción judicial no se entabla contra la organización, sino contra los responsables en Cantabria y Rusia "que indujeron a estas familias a adoptar a estos niños de forma ilegal".

Herrera explicó que sus clientes han sido "engañados y estafados" por stos promotores de la asociación, que garantizaron que los niños, provinientes de la región rusa de Tula, eran huérfanos y no existían problemas para su adopción.

Sin embargo, y después de más de un año acogidos en estas familias, los querellantes han comprobado que, además de no existir protocolo alguno entre Rusia y España que posibilite la adopción, algunos de los niños tienen familia en su país de origen.

Por su parte, Andrés Pérez, portavoz de las familias afectadas, pidió a las autoridades egionales y nacionales una solución para estos menores, que se encuentran totalmente integrados en sus lugares de acogida después de 19 meses en España.

Asimismo, solicitan que los responsables de estas adopciones alegales expliquen donde ha ido el dinero aportado por estas familias, algunas de las cuales ha pagado más de un millón de pesetas.