Los hechos ocurrieron hacia las once de la mañana del pasado 31 de octubre, cuando Angeles Batanero y Carmen Alonso, afiliadas a CCOO, se personaron en la empresa AAF, situada en la madrileña calle General Perón, para proceder a la celebración de las elecciones sindicales en este centro de trabajo.

Las sindicalistas fueron atenddas por Rafael Fernández Zabildea y Abel González, quienes les dijeron que en ese momento no podían prestarles atención, por lo que les pidieron que volviesen más tarde.

Angeles Batanero solicitó que le comunicasen por escrito a qué hora podrían ser atendidas, petición que fue rechazada por Fernández Zabildea, que les instó a abandonar la empresa.

Batanero se negó a retirarse y, tras una discusión verbal, fue agarrada del brazo por el encargado de la empresa, causándola un moratón y pequeñas herias superficiales que tardó cinco días en curar. Las lesiones no impedieron a la sindicalista realizar sus ocupaciones durante esos cinco días.

En la sentencia, el magistrado absuelve a Abel González, por entender que no intervino en la agresión, y condena a Fernández Zabildea a una pena de cinco días de arresto por una falta de lesiones dolosas.

Esta falta está tipificada en el artículo 582 del Código Penal, según el cual serán castigados con la pena de arresto menor quienes provoquen lesiones qu impidan al agredido trabajar de uno a quince días o hagan necesaria por igual tiempo asistencia facultativa. A juicio del titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, la pena se ajusta a la gravedad de los hechos.

INDEMNIZACION

En cuanto a la indemnización a la agredida, el magistrado entiende que debe ser de cinco mil pesetas, ya que "no se han acreditado perjuicios materiales ni la lesionada estuvo impedida".

El abogado de Angeles Batanero solicitó durante la vista oral del juicio na pena de diez días de arresto y una indemnización de 35.000 pesetas, mientras que la defensa y el ministerio fiscal solicitaron la absolución de los denunciados.

Fuentes de CCOO consultadas por esta agencia señalaron que han recurrido la sentencia, ya que, "aunque es positivo que los tribunales nos hayan dado la razón, la pena impuesta al denunciado es menor que la que pedimos en el juicio".