Los hechos que han dado lugar a la sentencia ocurrieron en León entre septiembre de 1996 y junio de 1997, cuando Francisco Javier Alvarez Mandianes, médico de Morgaz de Abajo, Narayola y Cacabelos, y Pilar Tabuyo Enríquez, farmacéutica de Arganza, se pusieron de acuerdo para defraduar a la Seguridad Social. El municipio en el que trabajaba ella no comprendía ninguna de las localidades a las que estaba adscrito el doctor.

Así, el médico simulaba recetas para pensionsitas que luego la farmcéutica expendía y cobraba de la Seguridad Social, obteniendo una ganancia de entre el 28 y el 30 por ciento de su precio de venta al público. En el consultorio del doctor se encontraron 399 envases de medicamentos prescritos sin usar y sin el cupón-precinto correspondiente.

Para el Supremo, no hay duda de que médico y farmacéutica son culpables de los hechos relatados, teniendo en cuenta, entre otras pruebas, que ninguno de los pensionistas cuyos nombres empleó el doctor reconoció haber recibido tale medicamentos y mucho menos haber ido al establecimiento de la boticaria a adquirirlos.

El Alto Tribunal señala que aunque no existe prueba directa que demuestre que el médico se benefició con la ganancia que obtuvo la farmacéutica, lo cierto es que "su falsificación de las recetas fue un acto de colaboración necesaria para que (ella) pudiera lucrarse".

Con estos argumentos, el Tribunal Supremo confirma la sentencia dictada el 24 de marzo de 2000 por la Audiencia Provincial de León y que condenó or un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con otro continuado de estafa. El castigo incluía la devolución al Insalud del dinero y el pago de una multa de 1.016.000 pesetas (6.109 euros).