Más de 30.000 personas se han solidarizado con la organización y cerca de 20.000 se han autoinculpado bajo el lema "Yo también me manifesté contra la guerra de Iraq, yo también quiero ir a la cárcel con Greenpeace".

Además, las principales organizaciones sociales de España, entre las que se encuentran ONG de medio ambiente, pacifistas, de cooperación, humanitarias, sindicatos, asociaciones profesionales y culturales, han expresado su apoyo a los inculpados, al considerar desproporcionadas las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal.

El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha expresado su agradecimiento por las "impresionantes" muestras de apoyo recibidas desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, Intermón Oxfam, Entrepueblos, Plataforma Rural, UPA, SPM, CCOO, UGT, Escuela de Cultura de Paz o Fundació per la Pau. En total, 40 organizaciones se han solidarizado expresamente.

"Estoy convencido de que una condena a quienes no hicieron otra cosa que ejercer su derecho a protestar pacíficamente contra la guerra sería un gravísimo precedente para todas las organizaciones sociales", dijo López de Uralde.

En cualquier caso, adelantó que Greenpeace continuará realizando acciones pacíficas de protesta para defender el medio ambiente y la paz y asumiendo las consecuencias.

La acción de protesta durante la cual fueron detenidos los activistas de Greenpeace se produjo en el marco de las movilizaciones que se desarrollaron en todo el mundo contra la guerra de Iraq y tuvo lugar a bordo del "Rainbow Warrior" el 14 de marzo de 2003, frente a la bocana de la base militar de Rota (Cádiz).

La protesta terminó con el abordaje del barco por parte de la Guardia Civil, que detuvo al capitán y cuatro activistas más. El capitán se enfrenta a cuatro años de cárcel, otros dos activistas a tres años cada uno y dos miembros más a nueve meses.