Según la CIG, medio centenar de trabajadores dejaron de figurar de alta en la Seguridad Social desde el 31 de diciembre de 1993, cuando se produjo la desaparición de la Consejería de Trabajo y el personal de ésta fue adscrito al departamento de Sanidad.

Agregó que las cantidades destinadas a la Seguridad Social sí fueron descontadas cada mes de las nóminas de los funcionarios afectados, sin que quedaran reflejadas en los listados de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El sindicato nacionalista reconoció, no obstante, que entre mayo y los primeros días de junio la Administración procedió a regularizar la situación, pero sin abonar los atrasos e incluso sin dar de alta a muchos de los trabajadores.

Este extremo fue desmentido por el delegado provincial de la Consejería de Sanidad, Francisco Villar, quien, en declaraciones a Servimedia afirmó que la situación está ya absolutamente regularizada y que sólo afectó a una treintena de personas.

Villar achacó al Instiuto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la responsabilidad del error, al traspapelar la solicitud cursada para modificar la patronal de los funcionarios que cambiaban de departamento a raíz de las variaciones en el organigrama de la Xunta.

Indicó que ningún trabajador está en estos momentos sin cobertura de Seguridad Social y aseguró que fue la propia Administración autonómica la que detectó la irregularidad hace algunos días y dio cuenta al INSS.