Durante su intervención en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, López Blaco defendió que el "apagón" fue "imprevisible" y, por lo tanto, "no se considera procedente la apertura de un expediente sancionador por no observar negligencia" en la actuación de la operadora.

Sin embargo, destacó que la compañía debe minimizar la posibilidad de que ésto vuelva a ocurrir y, por ello, Ciencia y Tecnología ha establecido una serie de medidas que tendrá que adoptar Vodafone durante los próximos días para cerrar el expediente informativo.

La compañía tiene que corregir el error del"software" en el que se produjo la incidencia, implementar una protección adicional de los nodos de señalización, que incluya mecanismos de rechazo a los mensajes con el error de la incidencia, así como llevar a cabo análisis y verifcación de los mecanismos de prueba de nuevos "software", tanto de los operadores como de los proveedores.

Por todo ello, según explicó, el expediente informativo a Vodafone permanecerá abierto hasta que la compañía cumpla con estas obligaciones que mejoren el "software" dela empresa para tener margen de reacción suficiente para solucionar estos problemas.

INDEMNIZACIONES

López Blanco anunció que la compañía ha realizado algunas indemnizaciones a los clientes que lo han solicitado y calculó que ha pagado una media de entre 0,10 y 0,20 euros a los afectados.

En concreto, Vodafone recibió un total de 776 quejas por escrito, a 31 de marzo, de las cuales, 170 no formularon reclamación o quedaron satisfechas con las explicaciones de la compañía.

Sin embargo, 606 í presentaron solicitudes de indemnización, de las cuales, 368 ya están resueltas, mientras que 238 permanecen sin resolver.

López Blanco destacó que la Administración tuvo conocimiento de esta incidencia desde el primer momento, tanto por que el operador británico se lo comunicó, como por las solicitudes de información y reclamaciones de los clientes.

Durante el periodo que duró el apagón, desde las 7,00 horas hasta las 17,00 horas, la Administración tuvo como objetivos delimitar el incidente, cnocer la capacidad de control del operador, evaluar si existía algún riesgo de que se extendiera a otros operadores, y asegurar la información a los usuarios.