Jiménez argumenta en su denuncia que el Gobierno no ejerció en su momento las competencias que la Ley de Reglamento de Inversione extranjeras le atribuyen al Consejo de Ministros, además de infringir, presuntamente, el artículo 4 de la Ley de procedimiento administrativo, cuando KIO empezó a comprar participaciones en firmas españolas.

"Pudo incurrir en una desviación de poder", dijo el empresario madrileño, "porque con lo que dicha omisión o inhibición se pretendía era un menor control de tales inversiones, la concesión de un privilegio de favor a determinadas personas o grupos y, evidentemente, la transferencia de órganos admnistrativos inferiores de la posible responsabilidad en la que se pudiera incurrir".

Asimismo, se solicita la declaración y procesamiento del jefe del Ejecutivo como máximo responsable de la pérdida de 80.000 millones de pesetas de dinero público en subvenciones entregadas a KIO "fuera del ordenamiento administrativo necesario".

La denuncia se hace extensiva contra todos aquellos miembros del Gobierno que por acción u omisión hayan favorecido indebidamente al grupo KIO.