El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cursó esta semana una comisión rogatoria a China solicitando permiso para realizar "in situ" los interrogatorios, en el marco de la querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet contra los tres ministros y los cinco altos cargos, a los que acusan de un delito de lesa humanidad por los "ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil tibetana".

La embajada del país asiático, en un comunicado oficial, aseguró que la querella está formulada "con testimonios falsificados y calumnias para difamar al Gobierno chino, dividir China y sabotear las relaciones amistosas entre China y España".

La representación diplomática de este país en España, afirmó que el derecho internacional dota "a los líderes y funcionarios gubernamentales de los países de inmunidad soberana, por lo que no están sujetos a la jusrisdicción de países ajenos".

Según la Embajada china, la Audiencia Nacional de España debe cesar de "inmediato" sus actividades, ya que el caso es "infundado y falso", por lo que la investigación es un "atropello deliberado a las normas de las relaciones internacionales".