No obstante, en un comunicado de prensa, Murillo mostró tambien su desacuerdo con la interpretación que ahora hace el fiscal general del Estado en el sentido de reconocer la jurisdicción española para hechos acaecidos después de que entrara en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial en España en 1985, por entender que eta ley se puede aplicar a hechos anteriores a su promulgación.

A su juicio, la opinión del fiscal general del Estado no es vinculante para Manuel García Castellón, quien, desde julio de 1996, tiene reconocida la competencia jurisdiccional para continuar con este procedimiento.

Además, en noviembre de 1997, el Parlamento Europeo envió al juez español una resolución en la que le anima a continuar con este sumario y le muestra su apoyo.