En concreto, la querella, a la que también se han adherido otras acusaciones en nombre de los familiares de más de 4.000 ciudadanos asesinados y desaparecidos durante el mandato de Pinochet, se dirige también contra José Toribio Merino, Gustavo Leigh, César Mendoza, Fernando Matthei y Rodolfo Stange.

En su resolución, el magistrado precisa que los hechos denunciados pueden revestir los caracteres de dlito por lo que "procede su admisión y la práctica de diligencias en averiguación y esclarecimiento de los hechos en la misma relatados".

El juez acuerda en su auto oficiar al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Asuntos Exteriores españoles "a fin de que se remita a este juzgado informe sobre todos los casos de ciudadanos, españoles o de cualquier otra nacionalidad, asesinados o desparecidos en chile entre el día 11 de septiembre de 1973 y narzo de 1990 de que tengan conocimiento".

También ide a los dos departamentos "los procedimientos judiciales seguidos por aquellos hechos, personas procesadas, juzgadas y condenadas o absueltas, y de las condenadas, cuáles cumplen sus condenas y en qué extensión".

Además, decide librar una comisión rogatoria internacional al Fiscal General de Estados Unidos "para que se aporte cuanta información disponga en los archivos de las agencias del Gobierno de dicho país y de aquellos otros a que tenga acceso en relación a crímenes internacionales y crímenes ontra la humanidad, cometidos por personas bajo el mandato de las autoridades chilenas de hecho entre el periodo de septiembre de 1970 y 3 de marzo de 1990, dentro de las fronteras de su estado y también en cualquier otro estado".

El juez ha decidido admitir a trámite la querella después de consultar al fiscal sobre la procedencia de unir esta investigación a la que está realizando el juez Baltasar Garzón sobre la desaparición de más de 300 españoles durante la represión militar en Argentina por existr relación entre ambos hechos. Sin embargo, el ministerio público se ha opuesto a dicha acumulación.

La UFP interpuso la denuncia el pasado 4 de julio ante los juzgados de Valencia por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la humanidad, cometidos durante la dictadura militar impuesta por las armas en la República de Chile en septiembre de 1973.

La denuncia fue remitida a la Audiencia Nacional donde recayó en el juez García-Castellón, el cual, previo informe favorable del minsterio fiscal, declaró que la jurisdicción española era competente en esa materia y que la Audiencia Nacional tiene facultad para "conocer de los hechos como constitutivos de un posible delito de genocido" imputable a Augusto Pinochet y los otros querellados.

La asociación denunció el secuestro y desaparición de más de 3.000 ciudadanos chilenos y de otras nacionalidades, entre ellos más de 300 españoles, con el fin de que los hechos no prescribiesen y al entender que la persecución de los delitos caliicables como crímenes contra la humanidad no está restringida al país en que hubieran sucedido.