En una nota oficial dada a conocer hoy en rueda de prensa en Madrid por la ministra de Justicia chilena el Gobierno de este país afirma no reconocer competencia a tribunales de otros países para juzgar hechos acaecidos en territorio chileno y sometidos a las leyes y la jurisdicción de los tribunales chilenos.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón admitiótrámite el pasado mes de febrero la querella presentada el pasado año por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra el general chileno Augusto Pinochet y otros militares por un presunto delito de genocidio cometido cuando se encontraban al frente de la República.

En concreto, la querella, a la que también se han adherido otras acusaciones en nombre de los familiares de más de 4.000 ciudadanos asesinados y desaparecidos durante el mandato de Pinochet, se dirige también contra José Toribio Merino, ustavo Leigh, César Mendoza, Fernando Matthei y Rodolfo Stange.

Según el Gobierno de Chile, "más allá del hecho simplemente jurídico, la querella presentada ante la Audiencia Nacional puede interpretarse como un juicio político a la transición de Chile hacia la democracia".

En la nota oficial se subraya que la transición chilena "se funda en el respeto a todas las partes al ordenamiento jurídico existente", por lo cual la alteración de esos compromisos "habría significado impedir la transición paífica que tantos países y gobiernos, entre ellos el de España, valoraron con entusiasmo a fines de los años ochenta".

Preguntada la titular de Justicia por la actitud de su Gobierno ante la posibilidad de que los hechos que hoy tramita la Audiencia Nacional puedan trasladarse a la jurisdicción internacional, reiteró que cualquier hecho cometido en Chile que sea punible "se regirá por el ordenamiento jurídico chileno en el que se consideran los organismos internacionales, y desde nuestra perspectiva exste un reconocimiento en nuestro país", dijo.

GARZON Y ARGENTINA

El juez García Castellón decidió admitir a trámite la querella de la UPF después de consultar al fiscal sobre la procedencia de unir esta investigación a la que está realizando el juez Baltasar Garzón sobre la desaparición de más de 300 españoles durante la represión militar en Argentina, por existir relación entre ambos hechos.

La UFP interpuso la denuncia el pasado 4 de julio ante los juzgados de Valencia por unos hechos que podían ser constitutivos de delitos contra la humanidad, cometidos durante la dictadura militar impuesta por las armas en la República de Chile en septiembre de 1973.

La denuncia fue remitida a la Audiencia Nacional y recayó en el juez García-Castellón, el cual, previo informe favorable del ministerio fiscal, declaró que la jurisdicción española era competente en esa materia y que la Audiencia Nacional tiene facultad para "conocer de los hechos como constitutivos de un posible delito de genocido" imputabe a Augusto Pinochet y los otros querellados.

La asociación denunció el secuestro y desaparición de más de 3.000 ciudadanos chilenos y de otras nacionalidades, entre ellos más de 300 españoles, con el fin de que los hechos no prescribiesen y al entender que la persecución de los delitos calificables como crímenes contra la humanidad no está restringida al país en que hubieran sucedido.