El 0,7 condenó la matanza de 46 indígenas en Chiapas y la atribuyó a grupos paramilitares apoyados por el gobierno mexicano, al tiempo que reclamó una salida dialogada al conflicto.

Asimismo, exigió que la futura ley española de cooperación ponga como condición para la concesión de ayuda oficial al desarrollo el respeo de los derechos humanos en los países receptores.