Chaves asistió a la reunión del Consejo Territorial del PSOE y después, en la rueda de prensa que ofreció en su calidad de presidente del partido, se refirió a este asunto.

El PP ha pedido ese adelanto electoral y denuncia además que el PSOE lo rechaza por temor a una derrota. Sin embargo, Chaves aseguró que no se trata de una decisión política, sino que en estos momentos, "y con la ley en la mano", resulta imposible hacerlo.

Chaves dedicó gran parte de su reflexión a responder a la pregunta que muchos formulan ahora de por qué la Junta de Andalucía no había tomado más medidas para evitar lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Marbella.

Subrayó, en primer lugar, que la autonomía de las administraciones está garantizada y preservada en la Constitución, también la de las corporaciones locales frente a otras administraciones, en este caso la autonómica.

Por tanto, concluyó, "no es lógico" pedir responsabilidades a una administración por lo que sucede en el ámbito de competencias de otra.

Los únicos instrumentos en manos de la Junta de Andalucía para hacer frente a situaciones como las que se viven desde tiempo atrás en este consistorio son los tribunales, poner en su conocimiento actuaciones que puedan estar vulnernado la ley.

Eso, explicó, lo ha hecho la Junta en más de 400 ocasiones desde que el GIL, el partido creado por Jesús Gil, accedió a la Alcaldía de Marbella.

El 14 de marzo de 2003, recordó, por primera vez un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, suspendió cautelarmente una licencia de obra que había sido impugnada por la Junta. A partir de ahí, muchas otras siguieron el mismo camino "en cascada".

Más tarde el mismo tribunal, a instancias de la Junta, declaró la nulidad de un acuerdo del pleno municipal por el que se aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana, "contrario a la ley".

Desde el acceso a la Alcaldía de la actual corporación municipal, dijo Chaves, la Junta ha impugnado 138 acuerdos del consistorio, y ha requerido a la corporación en 54 ocasiones para que revisara licencias otorgadas.

Desde 2004 la Junta ha solicitado al ayuntamiento en 250 ocasiones para paralizar obras ilegales, y se han llevado al Ministerio Fiscal 31 actuaciones que se han considerado constitutivas de delito.

Una vez aprobada la ley del suelo autonómica, recordó Chaves, la Junta pudo iniciar los trámites para retirar las competencias urbanísticas al municipio.

Pese a estos antecedentes, Chaves alertó de que la disolución del Ayuntamiento es una decisión "grave" desde el punto de vista institucional y administrativo, algo que no ha ocurrido nunca en treinta años de democracia.

Recordó que esa posibilidad se planteó ya en 2003, y el Ministerio de Administraciones Públicas, en manos del Gobierno del PP, emitió un informe en el que aseguraba que no había motivos suficientes para disolver la corporación municipal.

Con lo ocurrido en los últimos días, concluyó Chaves, es necesario "sopesar" todas las posibilidades porque cualquier decisión debe estar "fundamentada jurídicamente para no correr ningún riesgo".

Se mostró convencido de que, en todo caso, el próximo martes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptará medidas relacionadas con el Ayuntamiento de Marbella.