Para la CGT, el hecho de que gran parte de la deuda de Ercros esté contraida con la banca pública, Hacienda y la Seguridad Social "obliga a una exhaustiva investigación oficial que aclare lo sucedido".

El sindicato, que también reclama la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, considera "inadmisible" la presentación de una suspensión de pagos que afecta a más de 40.000 trabajadores, tras recibir cuantiosas ayudas públicas.

La denuncia presentada pr CGT resalta también el quebranto sufrido por el patrimonio original de las empresas, debido a que "en menos de cuatro años se vendieron activos por valor de 103.000 millones de pesetas, frente a unas inversiones industriales de 47.000 millones".

Para la CGT, el caso Ercros es una consecuencia directa de "cierta cultura financiera, esencialmente especulativa" que "lejos de crear riqueza y generar puestos de trabajo, ha perseguido sobre todo el enriquecimiento personal de 'tiburones financieros' y 'brkers' sin escrúpulos a costa de la liquidación del tejido industrial".

En su opinión, "no resulta extraño que financieros de dudoso pasado reciente, como Javier de la Rosa, máximo responsable del grupo KIO en España, aparezcan como personajes clave en este affaire".