Según dijo Caldera en el Congreso, ésta es "la gota que colma el vaso" de la paciencia de los socialistas, que entienden que la Constitución "ha querido que el órgano de gobierno de los jueces funcione por consenso, lo que exige una mayoría cualificada para elegir a sus miembros, porque lo hace en nombre del pueblo".

Entiende el dirigente socialista que en su funcionamiento los magistrados próximo al PP "aplican el rodillo más sectario y no permite que el CGPJ funcione por consenso". Consideró que la elección de cuatro jueces de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura "no tiene que ver con la mayoría de los jueces y magistrados de este país que no son asociados".

Por ello, Caldera considera que ayer "la inmensa mayoría de los jueces se quedaron sin representación en el Consejo" y que esta situación hace necesaira "una reunión inmediata de la comisión de seguimiento para el Pato por la Justicia para revisar esta situación".

"Nosotros", argumentó, "no podemos hacernos corresponsables de medidas que perjudican notablemente la imagen de la justicia y su eficacia, y si no se produce esa reunión, el PSOE tomará las decisiones que considere oportunas".

Además, Caldera aseguró que el PSOE se siente "muy defraudado" con el uso que hace el PP de los pactos de Estado", y en concreto del Pacto por la Justicia, desde cuya firma "el servicio público de la justicia funciona peor". Caldera atribuyó esta ineficacia al "uso partidario que de este acuerdo hace el Gobierno del PP", y para acreditar su afirmación indicó que el Presupuesto de 2002 no ha aumentado de acuerdo con lo previsto en el pacto para que funcione mejor la justicia.

Criticó también que ni el presidente del Consejo General del Poder Judicial ni el fiscal general del Estado comparezcan en el Parlamento para que los representantes de los ciudadanos puedan controlar su trabajo.

Finalmente, reprochó al Gobiero que use al Fiscal General del Estado "conmo escudo para protegerse", a la vez que el PP "utiliza la justicia para hacer política", como en Andalucía, donde los populares se han querellado contra el presidente socialista de la Junta, Manuel Chaves.