Así consta en el informe sobre el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que hoy fue aprobado por el Pleno del CGPJ, por once votos a favor y nueve en contra.

El informe propone nuevos tipos disciplinarios, no de los cuales consiste en sancionar al juez o magistrado "que dirija a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos", invocando su condición judicial o sirviéndose de la misma o cuando, "sin hacerla pública, no obstante sea conocida".

Se da la circunstancias de que la Comisión Disciplinaria del CGPJ estudiará mañana si abre un expediente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un artículo que publicó en el diario "ElPaís", el pasado 4 de marzo, titulado "Señor presidente", en el que desgranaba una serie de críticas a la actuación de José María Aznar en la guerra de Iraq.

Además, el CGPJ propone la consideración de faltas muy graves la "ignorancia inexcusable y reiterada en el cumplimiento de los deberes judiciales", o "la absoluta y manifiesta falta de motivación de las resoluciones judiciales".

También propone la infracción grave consistente en la falta de consideración o respeto hacia abogados, procuradore, justiciables, fiscales o hacia particulares e instituciones que no sean parte, empleando en las resoluciones judiciales expresiones que, siendo innecesarias o improcedentes desde el punto de vista del razonamiento jurídico, resulten extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas.

El informe aprobado hoy cuestiona el establecimiento de un curso selectivo de formación inicial en la Escuela Judicial para los magistrados que ingresen en la Carrera Judicial mediante concurso entre juristas de econocido prestigio, es decir, por el cuarto turno.

En el informe, también se objeta la reserva de la tercera parte de las plazas correspondientes al cuarto turno de ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de magistrado a secretarios judiciales.

El texto, elaborado por la Comisión de Estudios, sugiere al Gobierno que una vez que el Tribunal de Jurado fracase en la obtención de un veredicto dos veces, sus miembros sean sustituidos por jueces profesionales para un nuevo enjuiciamiento, en lgar de dejar en libertad al acusado.