Durante la presentación de la hoja de ruta para la modernización de la justicia del Consejo, el vocal Manuel Almenar puso sobre la mesa la posibilidad de despenalizar ciertas conductas como una de las soluciones que permitan, junto con el aumento del número de jueces, agilizar el funcionamiento de los juzgados.

Para ilustrar su propuesta, Almenar puso como ejemplo aquel ciudadano que, a la salida de un aparcamiento con su coche, tiene un altercado con otro conductor que le acaba insultando. El objetivo sería evitar que el ciudadano lleve el altercado a los tribunales y pueda resolver el conflicto a través de fórmulas alternativas, como el arbitraje o la mediación.

El vocal Almenar explicó que derivando este tipo de cuestiones "menores" al arbitraje y a la mediación se conseguiría reducir la litigiosidad de España, cuyos índices son de los mayores de la Unión Europea.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, secundó las palabras de Almenar señalando que "a lo mejor hemos judicializado en exceso la vida de nuestro país".

HOJA DE RUTA

La hoja presentada hoy por el Consejo pretende concretar "cronológicamente" los aspectos del plan de modernización que ya fue presentado en noviembre de 2008.

El plan se articula en torno a ocho ejes de actuación: la implantación de la nueva oficina judicial, la restructuración de la planta y la demarcación judicial, la aplicación de las nuevas tecnologías, la carta de derecho y plan de transparecencia judicial, la mejora de la actividad de los órganos judiciales, el impulso de la reformas procesales, el nuevo estatuto de los miembros de la carrera judicial y la adecuación a la organización territorial del Estado.

La implantación de la nueva oficina judicial, que pretende ser el eje central de la modernización de la justicia, consiste en aplicar la ley aprobada hace ya más de cinco años. Sin embargo, para que la implantación sea efectiva, el CGPJ calcula que se deberían reformar 14 leyes más, entre ellas la leyes de enjuciamiento civil y criminal.

En cuanto a la reestructuración de la planta y la demarcación judicial, el primer paso que está dando el Consejo es determinar la carga de trabajo que razonablemente puede soportar un juzgado para fijar así el número de nuevos jueces que hace falta y ajustar el reparto geográfico de los órganos judiciales.

Se trata de superar la "obsoleta" fórmula de los módulos de trabajo que hasta ahora rigen la carga máxima de asuntos que puede soportar un juzgado.

Por último, el objetivo de la aplicación de las nuevas tecnologías a la administración de justicia pretende conseguir en un breve espacio de tiempo la interconexión telemática de todos los juzgados, así como la implantación del expediente judicial digital.