El Consejo solicita "la urgente modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial", en concreto del artículo 311 de esta norma legal, que regula el ascenso forzoso de la categoria de juez a la categoría de magistrado.

Los vocales consideran que, tal y como está regulado, el ascenso forzoso supone "un obstáculo para la adecuada conciliación entre la vida familiar y laboral".

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó hoy en rueda de prensa que esta medida nace del compromiso del Consejo de "asumir las reivindicaciones de los jueces".

Además, dijo que la iniciativa tiene un doble objetivo. Por un lado, se pretende ayudar a la conciliación de la vida laboral y profesional de los jueces, que, con el actual sistema de ascenso forzosos, se veían obligados a mudarse de ciudad.

Por otro lado, la medida quiere contribuir "a la estabilidad" en algunos juzgados, en concreto, en aquellos destinos menos atractivos que, por lo general, son ocupados por jueces recien salidos de la escuela judicial y que abandonan el puesto en cuento se les asciende.

Éste es el caso del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón), que instruye las diligencias contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por delitos contra la administración pública, una causa que, debido a los continuos cambios de titular, se encuentra prácticamente paralizada.

En el texto remitido al Pleno por el Servicio Interior, y que ha servido de base para el acuerdo de los vocales, se destaca que, según la Encuesta de la Carrera Judicial de 2008, el 96,5% de los jueces y magistrados "considera que el ascenso de categoría con traslado de residencia puede suponer una dificultad insalvable para la conciliación con la vida familiar".