Según informaron fuentes del Consejo, los vocales de la Comisión Permanente de este órgano aprobaron por unanimidad la propuesta de su portavoz, Enrique López, de elaborar un informe sobre la incidencia de los paros.

El objetivo de dicho documento es determinar las medidas de refuerzo que habrá que poner en marcha una vez termine la huelga para solventar en el menor tiempo posible los retrasos producidos por una inactividad que dura ya más de un mes.

Los funcionarios judiciales -agentes, oficiales y auxiliares- dependientes del Ministerio de Justicia decidieron iniciar una huelga indefinida para denunciar que cobran hasta 240 euros menos al mes que los funcionarios de los órganos autonómicos, lo que en su opinión supone una clara discriminación salarial.

A pesar de las numerosas reuniones mantenidas entre los representantes sindicales de los funcionarios y los responsables del departamento de Mariano Fernández Bermejo, todavía no se ha alcanzado un acuerdo que satisfaga a los trabajadores.