La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, explicó hoy en rueda de prensa tras la celebración del pleno que la figura de la libertad vigilada para los terroristas y violadores, aunque exista en otros países, sería "de difícil justificación en nuestro ordenamiento jurídico".

Según refleja el informe aprobado hoy por el pleno del Consejo, que no es vinculante, la libertad vigilada "establece un sistema restrictivo de derechos" que presenta "muchas dificultades en su cumplimiento" y que entraría en colisión con medidas penitenciarias como "el tercer grado o con la libertad condicional".

Según el anteproyecto, impulsado por el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, el juez puede imponer a un ex preso, durante un periodo máximo de 20 años, medidas como que esté siempre localizable, que se presente periódicamente en el lugar que se establezca o que no se aproxime a la víctima o a sus familiares.

El informe del máximo órgano de Gobierno de los jueces también es especialmente crítico con la posibilidad de aumentar las penas para los delitos sexuales y de corrupción de menores porque "los marcos penales en relación al principio de proporcionalidad" establecidos por el anteproyecto "no son adecuados".

En cambio, el escrito del Consejo sí que respalda queciertos delitos de terrorismo no prescriban, tal y como recoge el anteproyecto.