Cree que es el Consejo General del Poder Judicial el que se está alejando del consenso que presidió la firma del citado pacto con las decisiones que está tomando en las últias semanas.

En un desayuno con Servimedia TV, un día después de la reunión de ese pacto, López Aguilar aseguró que "es inconcebible que el Consejo General del Poder Judicial actúe con criterios más sectarios que el propio Parlamento" a la hora de tomar decisiones, y eso tiene que cambiar.

El diputado socialista juzga "muy irresponsable" la actitud del ministro de Justicia, Angel Acebes, de no querer que el Parlamento intervenga en esa crisis y señala que el CGPJ es un órgano político que debe resetar el consenso y la relación de fuerzas conservadoras/progresistas que existe en la sociedad.

A su juicio, la derecha judicial en el Consejo está actuando de manera "vindicativa" con la idea de que ha llegado su hora, copando los nombramientos para un sector, sin darse cuenta del daño que hace a la institución "con una deriva tan negativa".

"La politización de la Justicia es la que practica la derecha en este país con verdadera avaricia", subrayó el dirigente socialista. Asegura que el PSOE no efendía en la polémica renovación de cuatro vacantes del Tribunal Supremo "ninguna vacante en particular", en alusión a Margarita Robles, ya que lo interesante es la pluralidad de oponiones en la magistratura.

El portavoz de Justicia socialista estima que es grave la decisión que ha tomado el CGPJ de suspender a los tres magistrados de la Sección IV de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que excarcelaron al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, sin esperar a ver si el Tribunal Suprmo les procesa o no.

El mensaje que transmite es el siguiente: a partir de ahora, "con la sóla interposición de una querella se podrá remover al juez de su función" y eso debilita a la independencia de la judicatura en su conjunto.

El CGPJ "debe explicar" por qué ha actuado de esa manera y saber que ha creado un precedente muy peligroso "en razón de criterios de oportunidad", cuando los jueces actúan atendiendo al imperio de la ley.

Juan Fernando López Aguilar estima que el fiscal general de Estado, Jesús Cardenal, "es el brazo ejecutor de los designios más abyectos del Gobierno" contra sus adversarios políticos.