La memoria, a la que ha tenido acceso Servimedia, será estudiada mañana por el pleno del CGPJ, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria y que también analizará la propuesta de la Comisión Permanente de ese órgano sobre la queja del juez Miguel Moreiras contra el magistrado José Antonio Enrech considerando que éste no vulneró la independencia judicial del juez de Delitos Económicos de la Audincia Nacional. Además, el poder judicial abordará cuestiones específicas de la administración de justicia en Canarias.

El informe recoge la propuesta formulada por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, en la inauguración del presente año judicial sobre la necesaria delimitación de las competencias del Tribunal Supremo y del Constitucional respecto al recurso de amparo, así como la proposición para arbitrar un procedimiento para las violaciones de los derechos fundamentales que san directamente imputables a un órgano jurisdiccional.

El CGPJ reclama que toda modificación legislativa en estas materias sea sometida a la actividad informante de ese órgano, "evitando que avatares parlamentarios en los procesos de elaboración y aprobación de las normas que afecten a las indicadas materias se eluda esa actividad informante que indudablemente será enriquecedora".

En la memoria, el máximo órgano de gobierno de los jueces exhorta al Gobierno para que las obras de rehabilitación inegral del Tribunal Supremo, de cuyo próximo fin se congratula, preserven los valores históricos y arquitectónicos del palacio de justicia "que forman parte del patrimonio de todos los españoles".

TRASTORNOS

En este sentido, incide en la celeridad que debería imprimirse en dichas obras, actualmente en su tercera fase de ejecución, "habida cuenta los trastornos que las mismas están originando, entre otros motivos por la falta de espacio, para magistrados, secretarios y personal de la administración dejusticia y debido también a las quejas formuladas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid".

En conjunto, el CGPJ estima necesaria la creación de un total de 100 plazas de magistrados en órganos colegiados y de otras 167 de magistrados o jueces en órganos unipersonales, destacando entre éstos la constitución del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, solicitado por la Sala de Gobierno de este organismo.

La Comunidad Valenciana es la que, en conjunto, requiere la creción de mayor número de plazas, un total de 39, seguida por el País Vasco, con 33, y Andalucía, con 30. Por el contrario, Cantabria es la que menos necesidad de plazas requiere, tan sólo 1 para un juzgado de primera instancia, seguida por Murcia, con 2.

Entre las necesidades que destaca la memoria, sobresalen las reformas legislativas y, especialmente, la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica del Código Penal, la de la Ley del Jurado y la de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimsmo, destaca la importancia de una modificación legislativa tendente a conseguir una agilización de los procesos.

Respecto al régimen de selección, formación y especialización de jueces y magistrados, el CGPJ señala que las necesidades más importantes radican, entre otras, en los medios indispensalbes para la construcción o alquiler de un edificio que albergue el Centro de Selección y Formación de Jueces y Magistrados y para la organización de cursos de formación y publicación de libros.

El poderjudicial recoge asimismo la idea general del "insatisfactorio funcionamiento actual de la oficina judicial", que en la actualidad está basado en "un modelo decimonónico no adecuado para las necesidades sociales actuales que el incremento de la litigiosidad genera", que favorece la disparidad de criterios, genera burocratización y es en exceso vulnerable a cualquier variación del personal.

Por ello, propone una modificación de la oficina judicial que supondrá paralelamente reformas procesales sobre la ramitación de los procesos, así como modificaciones administrativas y de personal, entre ellas la redefinición del papel del secretario judicial, una atenuación de la movilidad del personal auxiliar y la incorporación de nuevas tecnologías informáticas.

LENGUAS AUTONOMICAS

Asimismo, destaca que es imprescindible una perfecta integración en el medio social en el que se ubica dicho personal, "lo que obliga a garantizar, entre otros extremos, el derecho que tienen los ciudadanos a poder utilizar en lasactuaciones judiciales la lengua que sea oficial, junto al castellano, en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar aquellas, siendo preciso, por tanto, realizar un esfuerzo tendente a que el personal que sirve a la oficina judicial conozca dicha lengua".

Entre los órganos cuyo funcionamiento no es bueno, el CGPJ destaca la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de la que dice que tiene una "gravísima situación", y los juzgados de primera instancia número 4, 9, 1011 de Madrid.

Tras el pleno de mañana, Pascual Sala se entrevistará con el presidente del Gobierno canario, Manuel Hermoso Rojas. Al día siguiente, los consejeros del poder judicial viajarán a Tenerife, donde se entrevistarán con otros representes públicos.