Según señaló Delgado tras la firma del acuerdo, el objetio final es el acercamiento del juez a las personas afectadas por discapacidad, ya que "la integración plena en la realidad social de estas personas pasa también por un conocimiento de ese aspecto de la vida por parte de los jueces".

Por su parte, Arroyo mostró su confianza en que este convenio sea el punto de partida para que el sector de los discapacitados sea más conocido por el mundo de la judicatura.

Añadió que, siendo más conocido, será juzgado con todas sus circunstancias "ya que en ocasions las personas con discapacidad tienen que vencer dificultades de incomprensión y desconocimiento".

"Son pasos que tenemos que seguir dando para que esa integración, por la que tanto se trabaja y que tanto se desea por parte de los discapacitados, sea una realidad también en este sector tan importante como es el de la justicia en un Estado de derecho", recalcó Arroyo.

El convenio prevé arbitrar un primer foro de estudio a través de la constitución de un grupo de expertos, encargados de diseñar unprograma de actuación conjunta que permita abarcar los objetivos señalados.

Asimismo, la Fundación ONCE se compromete a facilitar a los jueces y magistrados aquella documentación de que disponga sobre las minusvalías y "que pueda ser de utilidad para el ejercicio de la función jurisdiccional".

El convenio se irá consolidando con el desarrollo de acuerdos que permitan organizar seminarios, cursos o encuentros que sirvan para informar a los jueces de las dificultades, posibilidades y circunstanciasdel mundo de los discapacitados.