Según informaron fuentes del Consejo, la Comisión Disciplinaria adoptó esta decisión por unanimidad ante los indicios que apuntan a que De Urquía podría haber cometido dos faltas muy graves, una de desatención en la tramitación o resolución de procesos y otra por haber realizado labores de asesoramiento jurídico incompatibles con su cargo de magistrado.

El juez De Urquía fue suspendido cautelarmente de sus funciones por el CGPJ el 5 de julio dev 2007, al conocerse que estaba siendo investigado en el marco del "caso Malaya" por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

El Consejo volvió a suspender al magistrado el pasado mes de enero, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abriese un proceso penal contra él por su actuación en el "caso Hidalgo", una operación contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol por parte de las mafias.

En esta ocasión, el juez De Urquía podría ser sancionado con una nueva suspensión, con el traslado forzoso de juzgado o con la separación definitiva del servicio, según lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para las faltas muy graves.

En concreto, la primera falta es la que establece el artículo 417. 9 de la LOPJ, que señala que es una falta muy grave "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".

La segunda falta hace referencia al artículo 389.5 de la LOPJ, que señala que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.