Esta propuesta se ha añadido al informe que elaboró en su día la Comisión de Estudios del CGPJ, según el cual la coordinación entre las jurisdicciones civil y penal es clave para poder luchar más eficazmente contra la violencia doméstica.

El estudio y aprobación de este informe por parte del Pleno del CGPJ quedó pospuesto, después de que diversas asociaciones de mujeres se quejaran al máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados porque no habían contado con ellas ara elaborar el estudio sobre los malos tratos y la Administración de Justicia.

Los autores del texto apuestan por la creación de un mecanismo que permita que las decisiones adoptadas por las jurisdicción civil, donde se instruye el proceso de divorcio entre víctima y agresor, sean conocidas inmediatamente por la penal, donde se investiga la denuncia de malos tratos, y viceversa.