Los escritos fueron presentados por las declaraciones efectuadas por Federico Trillo, que entre otras calificaciones tachó de "pintoresco y poco presentable" el cuestionario enviado a Jose María Aznar para que testificara.

El comit permanente del CGPJ consideró que no había lugar a la denuncia, puesto que, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo los jueces están legitimados para presentar denuncias ante el Consejo en busca de la protección de su independencia.

Por otra parte, el pleno decidió la suspensión cautelar de un acuerdo adoptado el pasado mes de octubre por el que se decidió que el conocimiento de la lengua autonómica y del Derecho Civil Especial o Foral sería mérito en la carrera judiial.

Según el convenio, los jueces y magistrados que hablen y escriban un idioma oficial de alguna comunidad autónoma tendrán seis años de antigüedad en la carrera judicial y tres años más si tiene la especialización de Derecho Foral.

El acuerdo fue recurrido por magistrados de varias provincias y por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que consideró excesiva la antigüedad concedida por esos méritos.

El pleno, que fue suspendido al conocerse la noticia del asesinato del catedático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, José Antonio Broseta Pont, estudiará a fondo el recurso en próximas reuniones.

El presidente de GPJ y el vocal Tomás Vives, que fue compañero en la facultad del fallecido, enviaron sendos mensajes de condolencia al decanato de la Universidad valenciana y a los familiares del catedrático asesinado.