El grupo de trabajo se ha constituido a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La disposición adicional señala que “en el plazo de seis meses, computados desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, el Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales”.

Añade el artículo que ese sistema debe ser “conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos”.

El texto añade que la propuesta “será trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación.”

El grupo de trabajo estará coordinado y dirigido por los vocales Bernardo Fernández Pérez, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Argelia Queralt Jiménez y al mismo se adscribirán los servicios técnicos del Consejo necesarios para su eficaz funcionamiento.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Pleno también acordó hoy la constitución de un grupo de trabajo para el estudio y análisis de las implicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en el ejercicio de la función jurisdiccional, que será dirigido y coordinado por los vocales Luis Martín Contreras, María Esther Erice Martínez, José Eduardo Martínez Mediavilla y Alejandro Abascal Junquera.

La creación del grupo de trabajo permitirá explorar y guiar el impacto de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, así como de los crecientes usos que se están implementando en la Administración de Justicia, y abordar los retos y preocupaciones éticas que se derivan de las soluciones basadas en Inteligencia Artificial.

Los objetivos iniciales del grupo de trabajo serán certificar y evaluar las aplicaciones potenciales de la IA respecto del Poder Judicial; desarrollar políticas y directrices específicas de aplicación en los procesos judiciales, asegurándose de que los estándares éticos, legales y procesales sean debidamente respetados; impulsar proyectos piloto y pruebas; fomentar el desarrollo de actividades formativas en esta materia para la Carrera Judicial y garantizar que los mecanismos de auditoría y control que se implanten funcionan de forma adecuada, transparente y segura.