Hace unos días, en las cercanías del domicilio del citado magistrado, aparecieron unos carteles firmados por Falange Española de las JONS en los que se podía leer: "Cuidado: Vecino peligroso. Libera narcotraficantes y terroristas de ETA. Señor Ollero: Basta ya de arbitrariedades. Queremos Justicia".

Hoy, el CGPJ, mediante un acuerdo de la Comisión Permanente, expresa "su enérgica repulsa y condena de estos hechos, inadmisibles en un Estado de Derecho, que no sólo constituyen un ataque a la persona del magistrado, sino también a la función judicial, que en tal Estado de Derecho merece el respeto de toda la sociedad y de las instituciones democráticas".

"Por ello, el Consejo General del Poder Judicial condena estas actuaciones y respalda al magistrado, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que hayan incurrido los autores de estos actos", añade el texto.

Carlos Ollero formó parte del tribunal que dictó recientemente la polémica sentencia sobre Jarrai-Haika-Segi, así como del que, hace años, decidió poner en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas al presunto narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría, alias "El Negro", poco antes de que comenzara el juicio.