Aún así, y con el fin de "mantener su filosofía de actuación y voluntad de consenso", según señalaron fuentes del CGPJ, el Pleno decidió introducir una enmienda adicional que recoge "el debate suscitado" en torno al Anteproyecto de Ley durante la elaboración del informe por parte de la Comisión de Estudios del Consejo.

Los vocales del CGPJ quisieron destacar "la magnitud de una reforma que afecta a más de novecientos artículos legales con la finalidad de impulsar una nueva Oficina Judicial y propiciar que jueces y magistrados concentren sus esfuerzos en las funciones que la Constitución les encomienda".

En esencia, el proyecto de ley diseñado por el Gobierno potencia el papel de los secretarios judiciales dentro de los juzgados y descarga de trabajo a los jueces y magistrados.

"Se trata, en síntesis, de que los jueces y magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", señala el proyecto de ley.

Para ello, "es preciso descargarles de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a las funciones constitucionales" y "regular la distribución de competencias" entre los magistrados y los secretarios judiciales a través del "fortalecimiento de las potestades que en materia de impulso procesal" corresponden a estos funcionarios.

El informe aprobado hoy por el Pleno asegura que el anteproyecto del Gobierno "responde a la voluntad manifestada desde hace años por determinados sectores profesionales y doctrinales de fomentar la intervención de los secretarios judiciales como genuinos impulsores y ordenadores del proceso".

PLAN DE MEJORA

Por otra parte, el Pleno del Consejo aprobó hoy el plan de actuación inmediata para la mejora de la Justicia, un proyecto que pretende fomentar, entre otros ámbitos, la mejora de los sistemas informáticos de gestión que actualmente se utilizan en los juzgados y tribunales.

Además, el plan contempla la mejora de la coordinación de los programas y de las aplicaciones informáticas, la reducción y formación de funcionarios interinos, el impulso de la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención de riesgos laborales.

Este plan se aprobó "sin perjuicio del ambicioso Plan de Modernización que se está confeccionando en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas y que tendrá un desarrollo quinquenal".

Por último, el Pleno celebrado hoy aceptó la renuncia al cargo de jefe del Servicio de Inspección del Consejo presentada por el magistrado José María Gil Sáez, al que los vocales han reconocido "su trayectoria profesional".