Según fuentes de la citada asoiación, la comisión permanente del máximo organismo judicial declaró además la jubilación forzosa del magistrado José Antonio Pascual, que presidía la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga y fue acusado de dictar sentencias favorables a narcotraficantes por 118 personas, querella que fue denegada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Por lo tanto, desde el pasado mes de septiembre, el Consejo ya no es competente para exigirle responsabilidad disciplinaria al magistrado, cuya atitud "queda residenciada en la más absoluta impunidad", según AINCO, puesto que el Tribunal Supremo también archivó la causa.

La asociación destacó que los acuerdos de la comisión disciplinaria del Consejo no son recurribles por el denunciante, porque no es considerado como parte interesada.

Por ese motivo, AINCO considera imprescindible la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia disciplinaria, "para endurecerlo y evitar casos de impunidad como ocurre ahora", según palabras del ropio presidente del CGPJ, Pascual Sala, recogidas por la asociación.

"Los jueces gozan de una total y absoluta impunidad en la actualidad", manifestaron fuentes de la asociación, "ya que no pueden ser sancionados en el ámbito disciplinaro, ni tampoco condenados por prevaricación en vía penal".

La asociación aprovechó la ocasión para reiterar que "mientras el legislador no cumpla con el mandato constitucional y proceda a la restauración del jurado popular", jamás será condenado un juez por prevarcar".