El estudio recogen varias posibilidades que "deben ponerse en marcha urgentemente, según apuntó el portavoz, para quien estas soluciones son el "puente" hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, actualmente en trámite parlamentario, que tiene prevista la creacción de 180 juzgados de esta jurisdicción en toda España.

La primera posibilidad apuntada en el informe pasa por la adscripción de un magistrado a cada una de las salas de lo contencioso que, según el portavoz, "están auténticamente colapsadas".

Otra opción sería la creacción deunas 30 secciones de apoyo a las salas de lo contencioso. Esto tendría un coste aproximado de 180 millones de pesetas para pagar a los magistrados y de 192 millones para personal administrativo.

En este caso se utilizarían magistrados especializados en estas cuestiones o bien otros que recibirían previamente cursillos de formación sobre este tipo de jurisdicción y sus pormenores.

Finalmente, lo que parece "más aplicable y más económico", según el portavoz del CGPJ, sería la opción de incentivar eonómicamente a los magistrados que actualmente trabajan en estas secciones para que adelanten el "elevado número de asuntos pendientes".

Benigno Varela, portavoz del CGPJ, se mostró satisfecho con la idea de iniciar ese proyecto y dijo: "Hay que esperar a la ley, pero es urgentísimo poner en marcha este plan de emergencia que debe ser un puente hasta que funcionen los nuevos juzgados de lo contencioso".

6.400 MILLONES ANTES DE NOVIEMBRE

Preguntado por el problema presupuestario, Varela apuntó qe el Ministerio de Justicia estaba dispuesto a gastar 6.400 millones de pesetas para crear 64 juzgados antes del próximo mes de noviembre, en cuanto el Parlamento dé el visto bueno a la Ley de lo Contencioso-Administrativo.

Al parecer, en la nueva Ley de lo Contencioso está previsto crear 180 juzgados dedicados a esta jurisdicción en un plazo máximo de 3 años, para poder dar salida así a los más de 300.000 expedientes que actualmente están pendientes de resolver.

Este objetivo tiene como límite e año 2.000, para lo que además se pretende la puesta en funcionamiento de un nuevo concepto de oficina judicial, más moderno, y donde no entren más de 600 asuntos cada año.

Está previsto incluso la distribución de los futuros juzgados por comunidades autónomas. La más beneficiada sería Madrid, con 37 juzgados, seguida de Andalucía, con 28, Cataluña (17), Valencia (15) y Galicia (11). Las menos favorecidas serán La Rioja y Baleares, con dos juzgados cada una, seguidas por Navarra (3) y Murcia y Cantabra con 4 nuevas oficinas para cada comunidad.