Entre otros asuntos, el pleno aprobó con 1votos favorables, 2 negativos y una abstención, un informe de la Comisión de Estudios sobre la nueva regulación del delito fiscal y del cohecho que ha elaborado el Ejecutivo, en el que ésta advierte que la nueva redacción de ese último delito "puede comportar un riesgo de delación o imputación inveraz de conductas incriminadas como cohecho de funcionario".

Según el anteproyecto de Ley Orgánica elaborado por el Ministerio de Justicia e Interior, que introduce en el Código Penal un nuevo artículo relatvo al cohecho, el 393 bis, quedará exento de pena por ese delito el particular que, "no siendo habitual de esta conducta, hubiere accedido a la solicitud de dádiva o presente realizada por funcionario" y denunciare el hecho antes de la apertura del correspondiente procedimiento y dentro de un plazo de diez días.

A juicio del máximo órgano de Gobierno de los jueces, esa excusa absolutoria puede comportar un riesgo de imputación inveraz, por lo que destaca que los tribunales deberán tener muy en cuenta as peculiaridades que tienen las declaraciones que efectúen esas personas al ser valoradas como medio de prueba.

Así, agrega que los tribunales deben evitar que "lleguen a condicionar el pronunciamiento de una sentencia condenatoria los motivos inconfesables que, a veces, inspiran a los que implican a un tercero en un hecho en el que intervinieron, desde la seguridad de la propia impunidad".

Respecto a la reforma del delito fiscal, que aumenta la cuantía objeto de defraudación de 5 a 15 millones e pesetas, el CGPJ considera acertado ese incremento, al igual que la mención expresa que hace el anteproyecto de la defraudación por omisión.

En su opinión, también es "oportuna" la descripición de conductas que incorpora la nueva redacción del delito y en especial "la singular mención de la elusión de la obligación de ingresar las cantidades retenidas, cuya calificación en la práctica había suscitado problemas".

El informe analiza asimismo el apartado del anteproyecto según el cual quedarán exetos de penas aquéllos que regularicen su situación tributaria de manera espontánea. A su juicio, ésta es una de las cuestiones que más dificultades ha suscitado a los tribunales y afirma que la solución dada por el anteproyecto se justifica por razones de eficacia recaudatoria y de justicia material.

Finalmente, la comisión señala que sería conveniente que la reforma de ese delito abordase uno de los mayores inconvenientes que presenta su actual tipificación, la configuración objetiva del delito, "otogando un mayor énfasis culpabilista, en coherencia con el ordenamiento de otros países, donde la figura penal tiene un mayor arraigo social".

En el pleno también fue acordado el nombramiento de los presidentes de las audiencias provinciales de Ciudad Real y de Palma de Mallorca. Para la primera, el CGPJ designó con 13 votos a favor José María Torres Fernández de Sevilla, mientras que el tribunal mallorquín será presidido por Juan José López Ortega, quien obtuvo 9 votos, frente a los 5 que recabó Antono Capa.

El máximo órgano de Gobierno de los jueces tiene previsto aprobar esta tarde la normativa que regule el establecimiento de horarios en las sedes judiciales.