El portavoz del CGPJ, Enrique López, señaló en rueda de prensa que el juez Tirado podría haber cometido una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Este artículo prevé sanciones que van desde la suspensión en sus funciones de 1 a 3 años hasta la separación definitiva de la carrera judicial o el traslado forzoso a un juzgado a un mínimo de 100 kilómetros de distancia de su actual destino.

Ahora, el máximo órgano de gobierno de los jueces tiene un plazo máximo de cuatro meses para tomar una decisión definitiva respecto al juez Tirado. En este periodo deberán estudiarse las pruebas sobre la presunta falta cometida por el juez, así como escuchar al propio magistrado.

El portavoz del CGPJ explicó que la Comisión Disciplinaria ha apreciado en el trabajo del juez Tirado "cierta pasividad, dejación en sus funciones y falta de control", y recordó que los magistrados "tienen la obligación principal de impulsar y controlar la ejecución de las sentencias", así como la actuación de sus funcionarios colaboradores.

López señaló que ningún vocal de la Comisión Disciplinaria propuso la suspensión cautelar del juez Tirado mientras se elabora el expediente, una medida que, a la vista de la graveda de los hechos investigados, hubiese tenido justificación.

En cuanto al trabajo realizado hasta ahora, López quiso felicitar al Servicio de Inspección del CGPJ, "por la forma tan rápida" con la que han elaborado el informe sobre el juez Tirado, así como por la propuesta emitida, que a su entender estaba "técnicamente muy elaborada".

La Comisión Disciplinaria ha nombrado instructor del expediente al presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea Godoy.

OTROS JUZGADOS

Por otro lado, la Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió archivar la investigación abierta al magistrado Francisco Javier González Fernández, que fue ponente de la sentencia que desestimó el recurso presentado por Del Valle contra su condena por abusar de su hija, por considerar prescrita la posible responsabilidad disciplinaria en que podría haber incurrido este juez.

Asimismo, el CGPJ decidió archivar la investigación en relación con la actuación de la titular del Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez Mantecón, en donde Del Valle tuvo otras causas distintas de la del "caso Mari Luz".

Además, el CGPJ decidió remitir las actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía, para que sean estas instituciones las que valoren la implicación en los hechos de los funcionarios que participaron en el error en el ejecución de la condena de Del Valle.

López señaló que la Comisión Disciplinaria "trabaja siempre con urgencia", pero puntualizó que en el caso del juez Tirado, y debido a la relevancia social del caso, la premura con la que este órgano llevará a cabo su labor será incluso mayor, porque "la buena imagen del Poder Judicial está en juego".