El fiscal entiende que sólo la búsqueda de un "beneficio económico" para ella y su marido, Francisco Cazalla, motivó que en agosto de 1999 suscribiese la moción de censura que presentó el GIL.

La denuncia sostiene que Bermúdez "amparándose y abusando" de su condición de representante pública se pasó al Grupo Mixto con el fin de mejorar su situación económica, algo que puede constituir un delito de cohecho.

Este enriquecimiento se concretó en un viaje a París que le costeó l GIL, así como las remuneraciones que tanto ella como su marido consiguieron al convertirse en consejera de Cultura y auxiliar administrativo en el Puerto de Ceuta, respectivamente.

Anticorrupción acusa directamente del cambio de opinión de la diputada al hoy presidente de Ceuta y líder del GIL en la ciudad, Antonio Sampietro, al que acusa también de un delito de cohecho, junto a su esposa, Carmen Seco, como cooperadora necesaria.

"ACTO INJUSTO"

La Fiscalía entiende que la conducta de Sampietr fue "grave", por ser la de "quienes corronpen a las autoridades y funcionarios" al ofrecer una "dádiva" para consumar un "acto injusto".

La acusación contra la esposa del presidente ceutí se explica porque fue esta persona la que pagó el viaje a París que realizó la diputada tras decidir abandonar la formación socialista.

La denuncia dedica una parte importante de su argumentación a explicar por qué la conducta de Bermúdez puede constituir un delito de cohecho, ya que la persecución judicial deltransfuguismo tiene escasos precedentes en España.

En este sentido, el fiscal entiende que, si bien Bermúdez no es una funcionaria pública, por su condición de diputada le unen unos "vínculos" con los electores y la Constitución, que pueden haber sido quebrantados al condicionar su voto a una mejora de su situación económica.