La acción popular en este caso es ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación contra la Tortura, SOS Racismo e Izquierda Unida (IU).

Estas asociaciones denunciaron que la policía de Ceuta expulsaba ilegalmente del territorio español a "ciertos ninos marroquíes en situación de desamparo", vulnerando "a sabiendas y de forma grave y sistemtica todas las leyes y tratados vigentes en materia de protección de menores", según informó hoy la APDHE.

En un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos de España recuerda que esta "execrable y habitual práctica" no fue desvelada hasta que tres funcionarios policiales lo denunciaron a sus superiores, tras lo que fueron suspendidos de empleo y sueldo y padecieron "un acoso institucional que todavía perdura".

La asociación señala que ha acogido "con sorpresa y disgusto la arbitraria decisióndel juez de Ceuta de imponer una fianza tan desorbitada, ya que, lejos de contribuir a que el procedimiento se resuelva de forma rápida y transparente en beneficio del conocimiento de la verdad de los hechos que se denuncian, ha levantado un obstáculo desproporcionado e incomprensible ante quienes no pretenden sino defender el Estado de derecho", por lo que la acción popular ha recurrido esta decisión judicial.