En su auto, Teresa Palacios afirma que existen indicios de la actuación presuntamente delictiva de la entidad en la comisión de 138 delitos fiscales con las cesiones de crédito, en relación con las personas que suscribieron estos productos.

Las cesiones de crédito fueron un producto financiero puesto en marcha por el banco para captar fondos fiscalmente opacos, garanizando este extremo a los clientes, que se evitaban así el pago de las retenciones de Hacienda.

Con la decisión de hoy, la juez pone fin a una investigación que se ha prolongado durante más de 10 años y que ha contado con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, del Abogado del Estado e incluso de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que dijo en marzo pasado que no se podía imputar al banco una responsabilidad general sobre las cesiones, pero sí actuar en cada uno de los procedimientos abertos a los clientes que contrataron esos productos.

DELITO FISCAL

La juez considera "imputados-responsables" del asunto de las cesiones de crédito al presidente del entonces Banco de Santander Emilio Botín, a los consejeros Rodrigo Echenique y José Ignacio Uclés, al responsable de la asesoría jurídica de la entidad, Lorenzo Solana y al subdirector adjunto a la dirección de sucursales, Ricardo Alonso Clavel.

A todos ellos imputa 138 supuestos delitos fiscales por cooperación necesaria o induccin y falsedad continuada en documento oficial respecto de las cesiones y otro delito fiscal de cooperación necesaria y falsedad en documento mercantil, en lo referido a las personas que se prestaron a "que se utilizase su identidad en sustitución de los titulares verdaderos" de las cesiones.

El asunto de las cesiones de crédito del Banco de Santander se inició con una querella presentada en la Audiencia Nacional por el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos en marzo de 1992, aunque posteriormente dsistió de ejercer la acusación popular en las actuaciones.

Entre los años 1987 y 1991, el Banco de Santander realizó cerca de 45.000 operaciones de este tipo y captó fondos por importe de 400.000 millones de pesetas lo que podría haber generado un fraude de 8.800 millones a la Hacienda Pública.