"Causa auténtica sorpresa la petición en este instante procesal formulada del lado del Ministerio Fiscal", a la que se han adherido diversas partes personadas en el caso, señala la juez en el auto. "Todos ellos tienen [...] vista de lo actuado, siendo comprobable que se encuentra pendiente de una (prueba) pericial" la instrucción de la causa, advierte la magistrada instructora.

Asimismo, recuerda a las partes prsonadas en esta causa que, "si se ha observado dilación del proceso y por una causa imputable al juzgado, deberán utilizar las vías a tal efecto procedentes, pero no razones de seguridad jurídicas por la que todos velamos o lo pretendemos, unida a éstas, al menos para la instructora, razones de no menor entidad, cual es de justicia material".

Con estos argumentos, la juez Palacios concluye que en el momento procesal actual no es procedente decretar el sobreseimiento libre del caso, tal como le habíanpedido el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, el abogado del Estado y otras diez partes más personadas en la causa.

Para Fungairiño, quien ha solicitado el archivo del caso en tres ocasiones, no existen indicios razonables de que se hayan cometido los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude que se investigan en este caso. Además, considera que las personas imputadas en este sumario aparecen exentas de responsabilidad criminal.

Por estas razones, Fungairiñ es partidario del sobreseimiento libre del caso y de que la juez se inhiba a favor de los juzgados de instrucción competentes para aquellas partes de la investigación relativas a una "presunta defraudación tributaria".

EL CASO

Por el momento, el caso continuará siendo instruido por la juez Palacios, quien investiga los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por el Banco Santander y más de 200 clientes en los años 1988y 1989.

Según la juez, las cesiones cambiaron de nombre en varias ocasiones y esto tuvo repercusión fiscal, "pues la Hacienda Pública llamó a personas que desconocían el aparecer nominadas, y sin haber entrado tampoco en contacto con los suscriptores".

La investigación judicial se inició en abril de 1992, a raíz de una denuncia del Ministerio de Economía y Hacienda, que no pudo comprobar la existencia real de cerca de 3.000 titulares de las 44.000 operaciones de cesiones de crédito efectuadas porel Banco Santander en el periodo antes citado. La Administración valoró entonces en 400.000 millones de pesetas el volumen de las operaciones y estimó que al menos el 40 por ciento de ese dinero era "negro".