En declaraciones a Servimedia, Almunia reiteró que "desde el punto de vista de la seguridad del Estado no es una buena decisión" y señaló que "tienen razón los votos particulares que ponen de relieve el que la seguridad nacional es una cmpetencia que la Constitución encomienda al Gobierno".

Joaquín Almunia recordó que "tanto el Ejecutivo del PSOE como del PP habían estimado que por razones de seguridad nacional no debían de ser desclasificados, no tanto por su contenido o credibilidad, porque son papeles robados que han podido ser manipulados, sino por el precedente que se crea".

El diputado socialista valoró la decisión del Supremo como muy negativa "porque no hay ningún precedente de un sistema de seguridad que esté sometido alas peticiones que abogados de cualquiera de las partes de sumarios que se instruyen en cualquier tribunal puedan estar pidiendo el conocimiento público de determinados documentos".

En su opinión, esta decisión del Alto Tribunal afectará a la "eficacia del funcionamiento de los servicios de inteligencia y al crédito que las instituciones del Estado español merecen en el extranjero".

2 DE AGOSTO

También valoró la decisión del Gobierno de Aznar de acatar la decisión y desclasificar los documentosen el próximo Consejo de Ministros y afirmó estar más de acuaerdo con la posición del Gobierno del 2 de agosto. Asimismo recomento al Ejecutivo de Aznar presente "un conflicto entre poderes", cosa que "teóricamente se puede hacer".

En su opinión, Anzar ahora está a favor de su desclasificación porque "probablemente no tienen claro cómo ejercer sus responsabilidades como Gobierno. Yo he leído los argumentos que utilizó el Ejecutivo el 2 de agosto y que comunicó al Parlamento después sobre las razones pr las cuales había decidido la no desclasificación y me pareció un argumento muy sólido, parece que en pocos meses se les ha olvidado".

Respecto a las repercusiones penales que puedan surgir tras su desclasificación, Almunia señaló que "me parecen mínimas en la medida en que todos conocemos ya lo que dicen esos papeles. Mi preocupación no tiene nada que ver con el impacto jurídico, sino con el impacto de esta decisión sobre la seguridad nacional".

Almunia manifestó su respeto a las decisiones delTribunal Supremo, pero señaló que "la Constitución es muy clara y que encomienda al poder Ejecutivo, al Gobierno la política de seguridad nacional. El Tribunal Supremo no es quién para valorar lo que afecta o no a la seguridad nacional porque no tiene elementos en su mano para valorarlo. Los elementos los tiene el poder Ejecutivo", reiteró.