"La ley", puntualizó, "no puede ser el refugio de un acto ilícito. Eo sería crear una jurisdicción propia o un fuero inmune para que el Ejecutivo no tuviera que responder ante la ley y los juzgados que la aplican. Eso sería una quiebra al Estado de derecho".

En declaraciones a la cadena Ser, Trillo aseguró desconocer si la vía del conflicto jurisdiccional es la más adecuada para resolver las diferencias entre el magistrado y el Ejecutivo, aunque admitió que puede servir para que se clarifiquen de una vez por todas las relación entre los secretos oficiales y la investiación judicial.

En este sentido, el responsable de asuntos jurídicos del PP citó el caso del presunto uso irregular de los fondos reservados y recordó que el Gobierno siempre actúa de la misma manera cada vez que un juez le pide un documento que puede servirle de prueba para un asunto criminal que está siendo investigado por la justicia.