El Ministerio de Defensa presentó ayer en el juzgado de guardia de Madrid un conflicto de jurisdicción con el juez Baltasar Garzón para no entregarle los papeles secretos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, afirmando que la LSO prohibe tal extremo.

El portavoz de la APM, Ramón Rodríguez Arribas, explicó a Servimedia que la LSO es una norma finalista que tieneque ser interpretada y aplicada con arreglo a los fines que persigue: amparar la defensa nacional y proteger la seguridad del Estado.

Sin embargo, añadió que si se está hablando de un delito y de las pruebas que pueden conducir a su esclarecimiento, no se puede negar ningún tipo de colaboración argumentando la defensa y protección de la seguridad del Estado, porque entonces "se promovería la impunidad de un delito", fin que no está dentro de la LSO.

Rodríguez Arribas señaló que decir que la LSO pobibe entregar documentos como los del Cesid es una interpretación sobre la aplicación de tal normativa que, a primera vista, "no parece que pueda encajar en un conflicto de jurisdicciones".

El presidente de la APM aseguró que "cuando se trata de materias interpretativas no hay conflicto de jurisdicción" y que, dado que esta materia es competencia exclusiva de los tribunales, son éstos quienes tienen siempre la última palabra al respecto.

"Lo que no entiendo (...) es que exista un conflicto de juisdicciones entre la Administración, que, que yo sepa, no está actuando, y un juez de instrucción de la Audiencia Nacional que sí que está actuando", dijo.

NO HAY SECRETO QUE VALGA

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, manifestó a Servimedia que "frente a la investigación del delito no hay secreto que valga", al tiempo que recordó al Gobierno que tiene el deber genérico de colaborar con la justicia.

Tras señalar que las competencias constitucionales son clras y establecen además que la investigación del delito corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales, Alonso indicó que éstos tienen la obligación de pedir el material declarado secreto oficial, siempre y cuando éste sea relevante para la investigación criminal que llevan a cabo.

Alonso manifestó sus "muchas dudas" sobre la existencia de bases jurídicas y de hecho para establecer en este caso un conflicto de jurisdicción, ya que éste se da cuando hay una contienda entre poderes del Estado, queentienden que cada uno de ellos es competente para conocer un determinado asunto. "En este caso, tal competencia está clara: para investigar los delitos están los jueces de instrucción", dijo.

LA VERDAD ESTE DONDE ESTE

Por su parte, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José María Vázquez Honrubia, declaró a Servimedia que en un Estado de derecho el juez de instrucción tiene que averiguar la verdad material de los hechos, esté donde esté, ya sea en la Ley de Secretos Oficiales o en la clle, razón por la que calificó de "aberrante" la argumentación esgrimida por el Ministerio de Defensa para no entregar los documentos del Cesid a Garzón.

A su juicio, la denuncia presentada ayer por el Ministerio de Defensa es una vía "totalmente inadecuada", que lo único que va a conseguir es retrasar el procedimiento judicial que lleva Garzón.

Aseguró que, según la Constitución, el Gobierno no tiene más remedio que colaborar con el juez de instrucción, que está actuando dentro de sus funcionesdentro de sus competencias, "máxime cuando en este caso, que ya roza lo escandaloso, el propio Gobierno, que se niega a entregar los papeles que se consideran fundamentales, es el investigado".

En su opinión, con esta actitud el Gobierno rompe con el principio de igualdad ante la ley, ya que cualquier ciudadano, institución o administración está obligado a colaborar con el juez de instrucción.