Se trata de los recursos planeados por la acusación particular en el sumario por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, el diplomático Pedro García Trelles y la acción popular en los casos Mombar y Oñaederra, que investigan presuntos asesinatos de los GAL.

Según manifestaron hoy a Servimedia fuentes de esta última, su recurso argumenta que la decisión del Ejecutivo de no desclasificar del pasado 2 de agosto es "un acto reglado y, por tanto, susceptible de revisión".

Asimismo, la acción popular se remite al Consejo de Estdo, según el cual una decisión gubernamental es "un acto discrecional con un fuerte contenido reglado".